UNA POLÍTICA DE VIVIENDA REALISTA 

◾Se trata de una propuesta realista y factible, orientada a ampliar el parque de viviendas y reforzar la atención a los más vulnerables  

◾El documento es el fruto del Grupo de Trabajo de Vivienda y ha sido contrastado con expertos del sector público y privado, y del tercer sector  

“Una Política de Vivienda Realista”  es una propuesta centrada en la vivienda de alquiler asequible o social. El documento constata que el problema de la vivienda es el resultado de políticas erróneas presentes y pasadas y hace un llamamiento a la movilización inmediata de recursos por parte de todos los sectores implicados, así como a un aumento significativo de la inversión pública.   

El documento, fruto del trabajo de los voluntarios del Grupo de Vivienda, tiene tres pilares: aumentar el parque de vivienda de alquiler; la adopción inmediata de medidas legislativas que refuercen ese aumento; y la aprobación de una serie de medidas sectoriales y económicas de amplio alcance. Asimismo, la propuesta, que ha sido contrastada con expertos del sector público y privado, y del tercer sector, presta especial atención al colectivo de personas en riesgo de exclusión social.  

700.000 viviendas de alquiler entre 3 y 8 años  

Para atajar el desajuste entre la oferta y la demanda, y los altos precios de la vivienda actual, la propuesta plantea la salida al mercado de 700.000 viviendas de alquiler asequible a precio regulado entre los próximos 3 y 8 años, solamente posible mediante la colaboración público-privada.   

El Estado deberá aportar suelo de forma temporal y/o financiación parcial, y los agentes privados, por su parte, su propia financiación parcial y su capacidad de gestión.     

Medidas legislativas de adopción inmediata  

Además de la construcción y rehabilitación de viviendas destinadas al alquiler, y para garantizar precisamente esta actuación, España Mejor propone aprobar un paquete legislativo de normas de diversa naturaleza:    

1. Medidas fiscales, como la reducción del coste de IVA en la construcción nueva (o rehabilitación integral) de viviendas para alquilar a precio regulado o la asimilación fiscal del alquiler residencial turístico a la actividad hotelera.  
2. Medidas que afecten a la legislación de arrendamientos para conseguir mayor seguridad jurídica.
3. Medidas urbanísticas como la modificación de la Ley del Suelo que permita agilizar la subsanación de defectos que bloquean muchos PGOU (Plan General de Ordenación Urbana); vetar las vías de privatización de suelo público, destinando el suelo público en general y las reservas de suelo prioritariamente a viviendas en alquiler social o asequible, y no a venta de vivienda protegida, y restringiendo más las ventas de suelo de los ayuntamientos; mayor flexibilización de cambios uso, incluyendo el de suelo dotacional para alquiler social o asequible; y la regulación no restrictiva del cohousing o la flexibilización de la división de viviendas para dar respuesta a las nuevas unidades de convivencia.   
4. Medidas legales que aporten seguridad jurídica a los inversores en alquiler asequible. 

Medidas sectoriales y de política económica  

En tercer lugar, y con el objetivo de revitalizar y movilizar el mercado libre de alquiler a precios asequibles, el documento apuesta por estimular la rehabilitación de viviendas mediante la tutela pública de acuerdos de cesión temporal a empresas rehabilitadoras, con mayores incentivos si se destina a un alquiler de vivienda habitual con precio regulado, todo unido a una gestión pública más proactiva para la recuperación de edificios en desuso.   

Con el mismo propósito de incentivar la puesta en alquiler de viviendas particulares, se proponen medidas como la promoción y supervisión pública de fórmulas de cobertura del riesgo de impago por entidades privadas, mediante certificados de calidad.   

El texto también apuesta por impulsar la reutilización para uso residencial del suelo público urbano hoy en desuso, con especial atención al del Ministerio de Defensa.   

Las personas en riesgo de exclusión  

La propuesta ha querido dedicar un apartado específico a las personas en situaciones de mayor vulnerabilidad cuya responsabilidad es del Estado. En este sentido, España Mejor propone potenciar los instrumentos públicos o de colaboración con entidades del tercer sector que agilicen las soluciones para el realojo de personas vulnerables, y exige al Estado a asumir el coste.   

Finalmente, la propuesta “Una Política de Vivienda Realista” incluye otras actuaciones concretas sobre el mercado libre, exigiendo la incorporación de medidas destinadas a mejorar la información del censo real de viviendas, el control y la evaluación de los recursos destinados y a mejorar de la eficiencia de la gestión pública.